España ha aprobado el primer proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, un instrumento clave para modernizar y transformar nuestro país que busca que España cumpla sus compromisos internacionales de lucha contra el calentamiento global.
Dentro de los principales objetivos de esta nueva ley, se destaca alcanzar en 2050 la neutralidad climática y la aprobación de diez medidas estratégicas. En primer lugar, la ley busca planificar la transición energética, logrando para el año 2030 reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del conjunto de la economía española en, al menos, un 23% respecto del año 1990; alcanzar una penetración de energías de origen renovable en el consumo de energía final de, al menos, un 42%; alcanzar una sistema eléctrico con, al menos, un 74% de generación a partir de energías de origen renovable; y mejorar la eficiencia energética disminuyendo el consumo de energía primaria en, al menos, un 39,5%, con respecto a la línea de base conforme a normativa comunitaria.
En segundo lugar la ley pone el foco en las energías renovables y en la eficiencia energética, con el objetivo de tener un sistema eléctrico basado 100% en renovables para 2050. El proyecto de ley también propone otorgar nuevas autorizaciones de exploración, permisos de investigación de hidrocarburos o concesiones de explotación para los mismos, para lo que el Gobierno fomentará la penetración de los gases renovables.
En cuanto a la movilidad, se adoptarán las medidas necesarias para que los turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos, reduzcan paulatinamente sus emisiones, para que no más tarde del año 2040 sean vehículos con emisiones de 0 g CO2/km establecidas conforme la normativa comunitaria. Asimismo, por primera vez en una ley, se ha creado la necesidad de activar políticas de adaptación a los efectos del cambio climático, con los que ya convivimos.
Además se establece la publicación de una Estrategia de Transición Justa cada cinco años como instrumento de ámbito estatal para la optimización de las oportunidades en la actividad y el empleo de la transición hacía una economía baja en emisiones de gases de efecto invernadero. También garantiza luchar contra el cambio climático y la transición energética en el país ofreciendo un porcentaje de los Presupuestos Generales del Estado a estos objetivos.
Por otro lado, se establece un marco para facilitar la equidad en la transición hacia una economía descarbonizada, ofreciendo herramientas de aprendizaje y transparencia obligatorias que ayuden a percibir y evaluar riesgos y oportunidades y mejorar las decisiones de inversión. Se promueve también la inclusión de la educación ambiental en los currículos apostando por la capacitación en los empleos del futuro y los vinculados a una economía baja en carbono.
Por último, el proyecto de ley destaca la creación de un Comité de Expertos de cambio climático y transición energética, independiente, responsable de evaluar y hacer recomendaciones sobre las políticas y medidas de energía y cambio climático, incluidas las normativas.
Para la vicepresidenta Teresa Ribera “sin duda, esta ley es un esfuerzo grande que merece la pena acometer y que siembra grandes oportunidades de innovación y de conocimiento.”
