La Fundación ONCE y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) han elaborado un manual para ayudar a España a transponer la Ley Europea de Accesibilidad, que pretende mejorar el funcionamiento del mercado interior de productos y servicios digitales para garantizar que sean accesibles. Los Estados miembros deberán incorporarla a sus ordenamientos jurídicos antes de julio de 2022.

La norma fija nuevos requisitos mínimos de accesibilidad en toda la UE para productos y servicios: móviles, tabletas, ordenadores, televisores inteligentes o cajeros automáticos, entre otros, con el fin de reforzar el derecho de acceso a ellos de las personas con discapacidad.

El objetivo es que la nueva revolución digital sobre la que se están basando las economías de los países desarrollados no produzca la exclusión de las personas con discapacidad, especialmente en este periodo de reconstrucción económica en el que la Comisión Europea está tratando de erigir un modelo económico digital y sostenible.

CERMI y Fundación ONCE pretenden “brindar a los defensores de la discapacidad herramientas y propuestas para impulsar una legislación nacional sólida y una implementación adecuada que cumpla con la Ley Europea de Accesibilidad”.

Ambas entidades han pedido al Gobierno que vaya más allá y aproveche la transposición de la directiva para mejorar aspectos relacionados con la accesibilidad de productos y servicios que no recoge la norma europea, pero que son importantes para las personas por afectar a ámbitos como la construcción, la salud o la educación.